La Basel Action Network (BAN), organización ecologista con sede en Seattle (Estados Unidos), tiene en marcha un proyecto de transparencia relacionado con la basura tecnológica, que cuenta con el apoyo del MIT (Instituto Tecnológico de Massachussets) para monitorizar la Convención de Basilea de 1989 que regulaba los movimientos entre países de desechos peligrosos.
Este proyecto utiliza dispositivos de localización GPS. Dicha tecnología se colocó dentro de 205 piezas de desechos electrónicos en Estados Unidos para conocer exactamente cuál era el destino de cada pieza.
Televisores, impresoras y otros dispositivos electrónicos incluían los chips de seguimiento. Cada una de las piezas se depositó correctamente para asegurar un proceso de reciclaje seguro.
Dado que el reciclaje de RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) es un proceso muy costoso y contaminante, las empresas de algunos países desarrollados han encontrado una solución embarcando estos desechos hacia otros destinos.
Así que el estudio descubrió que gran parte de este material, alrededor del 40% acababa en basureros electrónicos en lugares muy alejados, después de haber pasado por las manos de supuestas empresas de reciclaje sin haber modificado el material. Gran parte de ellos viajaban desde Estados Unidos hasta el sudeste asiático. Cuando la basura electrónica llega a su destino, los trabajadores, que cobran salarios muy bajos (que en muchos casos apenas superan los 0,5 euros) y que realizan su trabajo sin protecciones contra tóxicos químicos y materiales pesados (algo que constituye una absoluta violación de la legislación internacional) desmantelan dicho material.
Los residuos electrónicos contienen grandes cantidades de material tóxico. Sin embargo, en ciudades como Hong Kong están emergiendo espacios que acaban convirtiéndose en depósitos de basura electrónica y en una peligrosa fuente de contaminación ambiental. Alrededor de los cuales surgen negocios y talleres, en los que se procesan los materiales.
Todo esto ocurre sin que el usuario, que se ha deshecho de su dispositivo de forma correcta para su reciclaje y confiando en un reciclaje sostenible y ecológico, tenga el menor conocimiento del destino de su basura tecnológica.
Lo que también es alarmante es que la basura electrónica no ha sido generada en el mismo país en la que se va a tratar, sino que llega desde países desarrollados en grandes contenedores. Es decir, que se realiza una exportación de basura, utilizando un país más pobre como vertedero. Estados Unidos envía cada año unos 50.000 camiones de equipos electrónicos para su reciclaje, y aunque fue uno de los firmantes de la Convención de Basilea, no ha declarado ilegales las citadas prácticas. Muchos de los equipos que acaban en vertederos extranjeros cuentan con certificados de reciclaje seguro, al haber pasado una serie de controles. Y sin embargo esto no se cumple.
Sobre el papel, en España no pasa lo mismo, aunque haría falta realizar un experimento como el de la BAN para confirmarlo. El año pasado se aprobó en nuestro país el Real Decreto sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), que mejoraba la legislación y la adaptaba a la europea.
